Desde hace varios meses habrás observado en la televisión un aluvión de noticias, conexiones en directo en los informativos y reportajes donde se muestra la problemática de la okupación ilegal.
Es un problema candente, puesto que en España ya son más de 100.000 las viviendas ocupadas de los bancos y la cifra se incrementa día a día.
El caso típico es el de una familia vulnerable (normalmente con un par de niños y cuyos ingresos suelen proceder de los diferentes subsidios y prestaciones sociales) que ha ocupado una vivienda de un banco o de un fondo de inversión (conocidos popularmente como fondos buitres) alegando que no tiene otro sitio donde ir y que lo único que pide es que ese banco o fondo le haga un alquiler social. En caso que no se lo concedan, solo se irán si un juzgado les obliga a irse y para ello deben transcurrir un par de años de media.
Es en este momento donde se empieza a jugar una partida a tres manos: el dueño del piso, los okupas y la comunidad de vecinos.
El dueño del piso
El banco gestiona una cartera de pisos, locales, oficinas, suelos que se contabilizan por miles de millones de euros. Lo más probable es que tarde bastante en enterarse que tiene otro piso con okupas (otro más…) a pesar que los vecinos llamen cada día 10 veces para avisarles y tarde alguna que otra semana en interponer la demanda/denuncia en el juzgado.
Y eso es todo, fin de la gestión. A esperar que el juzgado admita a trámite la demanda y cite a las partes en el juzgado para celebrar el juicio.
Los okupas
Los okupas han accedido a la vivienda y tras pasar esa primera semana de más jaleo lidiando con unos vecinos enfadados y muy preocupados, ya están plácidamente instalados.
En esas primeras semanas recibirán la visita de un gestor del banco/fondo de inversión que les preguntará cómo y cuándo han ocupado el piso.
Los okupas responderán que la vivienda se la encontraron vacía y con la puerta abierta (😊) o la más común: que son víctimas de una estafa en un contrato de alquiler (ellos firmaron un contrato de alquiler con el supuesto propietario que resultó no serlo pero que están dispuestos a firmar uno nuevo con el banco). Porque claro, el hecho que el supuesto propietario no les enseñara la nota simple, que les pida cobrar la renta en mano (sin trasferencia bancaria), que el alquiler sea la mitad que lo que se paga en la zona, o que no les haya mencionado nada sobre la necesidad de cambiar la titularidad de los suministros no les hizo sospechar nada en absoluto…
En fin… el gestor pasará el correspondiente informe al banco y el expediente dormirá el sueño de los justos, puesto que, evidentemente, no hay interés alguno es formalizar el nuevo contrato de alquiler.
Mientras tanto, los okupas seguirán en la vivienda ocupada al banco y al no tener contrato de alquiler válido no pueden tener suministros legales por lo que pincharan los contadores de luz y agua (esperemos que no haya gas en el bloque…) y comenzaran los problemas con los vecinos.
Los vecinos
Para los vecinos comienza una auténtica odisea. Han pasado de tener una vivienda del banco que tenía de vez en cuando problemas para ponerse al día con la comunidad (no son especialmente diligentes a la hora de abonar las cuotas y las derramas) a tener un auténtico problema.
En el mejor de los casos, serán roces por el tener pinchados los suministros y por los turnos de limpieza de la escalera. En el peor de los casos habrán amenazas hacia los vecinos, comportamientos incívicos y múltiples llamadas y denuncias ante la policía.
La resolución del problema
El proceso legal iniciado por el banco difícilmente durará menos de 24 meses. El ya de por si saturado sistema judicial español se ha visto todavía más afectado por el parón y cierre de los juzgados durante el pasado 2020 debido al coronavirus. Los okupas saben esto y son conocedores que difícilmente se verán forzados a abandonar la vivienda si esta es propiedad de un banco en al menos los próximos dos años. Lógicamente retrasarán el lanzamiento judicial todo lo posible con diferentes tretas procesales, pero son sabedores que tendrán que abandonar la vivienda llegado el momento.
La oportunidad de inversión
Esta lentitud de los juzgados es lo que permite esta gran oportunidad de inversión. Los bancos y fondos de inversión están dispuestos a aceptar vender pisos ocupados con un importante descuento con el objetivo de quitarse un problema que en un caso normal duraría al menos 2 años.
Y es aquí donde se crea esta oportunidad y donde resulta fundamental tener un acceso rápido a las carteras de pisos con okupas que los bancos y fondos quieren vender lo antes posible. Lograr conocer cuáles son estas oportunidades de inversión y ser capaces de establecer una negociación ágil resulta crucial para poder comprar estos pisos con okupas a un buen precio.
En Audentia somos expertos en negociar la compraventa de pisos con okupas y otros activos bancarios, así como en negociar con el okupa la entrega voluntaria de la posesión del activo. Si te has planteado alguna vez esta posibilidad, contacta con nosotros, te informaremos sin compromiso y te resolveremos todas las dudas que tengas.
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